Por César Jerez
La mayoría de los acuerdos alcanzados tras el histórico paro campesino del Catatumbo de 2013, después de las movilizaciones que hubo en la región en años posteriores y de las protestas que se suceden en otras partes del país han sido incumplidos sistemáticamente por los Gobiernos de turno. Por eso, hay que establecer una nueva legislación para que sean vinculantes los compromisos suscritos con quienes protestan legítimamente. Cuando mediante un acuerdo se supera una situación crítica de estallido social, los Gobiernos se desentienden de lo pactado y se vuelve a reproducir la misma situación.
Por esa razón, cuando llegue al Senado, promoveré que se promulgue una ley de la protesta social que garantice los derechos constitucionales de quienes se manifiestan y obligue al Gobierno a cumplir los acuerdos.
Estuve en la primera línea del paro de 2013 que movilizó a más de 13.000 campesinos y campesinas para oponernos a la erradicación violenta de cultivos de coca que estaba realizando el Gobierno de Santos y exigir mejoras sociales. Históricamente, el Catatumbo fue una despensa agrícola y pecuaria que se autoabastecía y exportaba sus excedentes a otras parte de la región y del país. La llegada del paramilitarismo, entre finales de los 90 y comienzos de este siglo, acabó con la economía campesina. Tras centenares de muertos y mujeres violadas, de desplazamientos y despojos masivos de tierras, sin economía campesina, lo que quedó como alternativa fue la siembra de coca. El Gobierno impuso la erradicación manual provocando asesinatos de campesinos(as) a manos de la policía antinarcóticos y del Ejército pero en el Catatumbo ya había un proceso de organización campesina que proponía la sustitución de los cultivos. Le dijimos a Santos que iba a haber respuesta a la erradicación, pero insistió en su propuesta y se desencadenó el paro. Por eso, claramente, el responsable del paro fue Santos.
Durante casi dos meses conseguimos paralizar la actividad en el Nororiente colombiano, resistiendo a los 3.500 efectivos del ESMAD que provocaron centenares de heridos y cuyos francotiradores asesinaron a cuatro compañeros campesinos. Logramos que los medios de comunicación locales se hicieran eco de la protesta. Así se contrarrestó el silencio impuesto por el Gobierno a los medios nacionales para evitar que el ejemplo del Catatumbo se extendiera a otras zonas del país. Pese al intento gubernamental de enfrentar a la población de las ciudades bloqueadas con el campesinado, nunca faltó apoyo logístico a quienes defendíamos las barricadas. Y aunque el propio Santos y sus ministros afirmaron que el paro estaba infiltrado por las FARC y que yo era un guerrillero, la fuerza del movimiento campesino obligó a esos mismos ministros a sentarse a negociar como condición previa para levantar los bloqueos.
Tras una larga y dura negociación se alcanzaron acuerdos en cinco temas principales: programa de sustitución de cultivos de coca, creación de una zona de reserva campesina, mejoramiento de infraestructura vial, dotación de saneamiento básico e incremento del nivel de atención del hospital de Tibú. La mayoría de los objetivos no se alcanzaron porque hubo un incumplimiento flagrante del Gobierno. Se hizo mucha presión por parte del Ministerio de Defensa para que no se avanzara en los acuerdos porque consideraban que eran una reivindicación de las FARC: ese fue el enfoque que tuvo el Gobierno durante toda la negociación.
Así, se llegó a un consenso previo con 5.000 familias cocaleras para la sustitución de sus cultivos, pero el acuerdo no llegó a todas y sólo benefició parcialmente a unas 400. Por eso, la mayoría se vieron obligadas a mantener sus cultivos y las que inicialmente erradicaron tuvieron que volver a la coca por falta de respaldo a proyectos alternativos a los cultivos de coca. El Gobierno tampoco creó la zona de reserva campesina a pesar de que nuestra propuesta se restringía a los predios que no estaban en disputa con otras comunidades. En cuanto a la infraestructura vial, sólo se cumplió la parte que le competía a la Gobernación: hubo mejoras en vías terciarias y construcción de placas huellas en varias veredas, pero nunca se desarrolló el Anillo Vial para la Paz a pesar de que la Gobernación aportó 4.000 millones para los estudios y gestionó 15.000 millones más para su ejecución, que el Gobierno nacional nunca realizó. El departamento también construyó algún acueducto, pero el Gobierno no hizo otros 25 acueductos veredales también proyectados. Y en cuanto al hospital de Tibú, se invirtió para que ascendiera a segundo grado en complejidad, aunque esta mejora no garantiza las intervenciones quirúrgicas. Tampoco se logró la dotación de ambulancias medicalizadas pluviales y áreas.
La consecuencia de todo ello es que no hubo cambios estructurales en la región y se desencadenó la actual espiral de violencia y el auge de las economías ilegales, provocando una crisis humanitaria en la frontera, los asesinatos de líderes sociales y muchos migrantes venezolanos, y el surgimiento de nuevas guerrillas y bandas delincuenciales. La violencia, junto con la crisis social y económica que sufre el Catatumbo sólo se superará si el Estado colombiano asume sus compromisos, se establecen diálogos de paz con las guerrillas que operan en la región, se cumple el Acuerdo de La Habana y las bandas delincuenciales se someten a la justicia, al mismo tiempo que se lucha contra la corrupción. Los negocios ilegales de estas bandas y de algunos grupos de las guerrillas funcionan porque sectores muy poderosos del Estado son corruptos y permiten estas economías ilegales.
Uno de los ejes centrales de mi programa electoral es la mejora de la calidad de vida del empobrecido campesinado de Colombia, a través de una reforma rural integral. Apuesto por soluciones concretas y realistas que solucionen problemas endémicos como la acumulación de grandes extensiones de tierra en pocas manos, hecho que provoca que el 53% de la población campesina viva en la pobreza y sin una legislación que garantice sus derechos.
Propongo legislar para hacer realidad en las veredas:
* Una reforma rural integral y la sustitución de ingresos derivados de la hoja de coca
* La mejora del acceso a la tierra del campesinado, así como la titulación de tierras.
* Políticas que fomenten la agroecología y la soberanía alimentaria.
* La creación de Zonas de Reserva Campesina y de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
* La creación de la Universidad Rural.
* La electrificación en las regiones, la mejora y construcción de hospitales y la implantación de una red de saneamiento básico.
* Una pensión para el campesinado.
* La asistencia técnica, incluida maquinaria agrícola.
* La implantación de una red de trenes del campo a la ciudad.
… y en los barrios:
* La formalización del “rebusque”, con plenas garantías logísticas y de comercialización.
* La implantación de una red de mercados campesinos de celebración periódica.
* La creación de una banca pública para la economía campesina, la pequeña empresa y los emprendimientos barriales y familiares urbanos.