Colombia tiene el potencial de ser una despensa agrícola para el mundo. Pese a ello, a diciembre de 2021 el 54% de la población del país sufría inseguridad alimentaria y, de acuerdo con informes de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia y la ANDI, en ese mismo año 554.000 niños menores de cinco años sufrieron desnutrición crónica, lo cual limita el adecuado desarrollo neuronal y físico de la niñez colombiana. Sumado a esto, tras la pandemia se incrementó en un 18% la proporción de personas que no pueden comer tres veces al día, pasando del 11,1% en 2019 al 29% en 2021.
En informes recientes la FAO ha declarado a Colombia como un país en peligro de padecer inseguridad alimentaria aguda. Además, añade que esa inseguridad alimentaria tiende a deteriorarse debido a una combinación de la inestabilidad política y económica, junto con el impacto continuo de la crisis migratoria regional que se agudiza con el desplazamiento interno.
Desde 1970, en Colombia se ha incrementado el minifundio: las fincas de menos de 5 hectáreas pasaron de representar el 59% al 70,4% en 2014, y hoy día más del 44% de los predios rurales del país tienen desactualizados sus avalúos catastrales, hecho que perpetúa la concentración de tierras, el incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad y la impunidad frente a los miles de familias campesinas despojadas que siguen esperando una restitución.
Esta situación se ve empeorada ante la negación de oportunidades para el agro. De acuerdo con los resultados del 3er Censo Nacional Agropecuario, en 2014 más del 84% de los productores no tiene acceso a maquinaria agrícola, el 90% no ha recibido asistencia técnica y el 89% no ha obtenido créditos para apalancar sus actividades. A esto se suma el ineficiente avance del catastro multipropósito y de la formación o actualización del catastro en el 60% del territorio nacional, meta que se propuso el actual gobierno para este cuatrienio y que aún sigue sin mostrar resultados.
Si bien el Acuerdo de Paz plantea en su punto 1 una ruta para la transformación del campo, de acuerdo con la Procuraduría General sus cuatro proyectos clave (acceso a tierras, ordenamiento social de la propiedad, formalización y regularización de la tierra) sufrieron un déficit presupuestal de más del 50% entre 2018 y 2020. Problemas estructurales como la desigualdad y la carencia de tierras para las víctimas del conflicto armado siguen sin solucionarse. Así, en 2020 sólo se ha ingresado al Fondo de Tierras uno de los tres millones de hectáreas a los que se refiere el Acuerdo de Paz. De ellas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desconoce su estado de ocupación en el 82,1% de los casos.
Todos estos elementos, han sido el caldo de cultivo para que, a día de hoy, las ciudades sigan padeciendo las consecuencias de una mala gestión en el ámbito rural. Situaciones como el encarecimiento de los precios de los alimentos y la escasez de los mismos, la ampliación de los cinturones de pobreza en las periferias a causa del desplazamiento forzado, la ausencia del acceso a derechos fundamentales como la educación, el agua potable, la salud y la vivienda, junto al asesinato sistemático de liderazgos comunitarios que continúan soñando y trabajando por un mejor país, son la razón de ser de nuestro proyecto político: creemos que sólo volviendo la mirada hacia el campo saldremos adelante como nación.
Por todo lo anterior, proponemos:
En la vereda:
· Reforma rural integral, soberanía y seguridad alimentaria, y sustitución de ingresos derivados de la hoja de coca.
· Exigir el cumplimiento de la Sentencia T-488 de 2014 y los autos de seguimiento 222 de 2016 y 040 de 2017 para que se culmine el Inventario de Baldíos de la Nación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA) y el Minhacienda.
· Hacer seguimiento al avance de la Agencia Nacional de Tierras en el proceso de esclarecimiento de las condiciones de adjudicación de los predios ingresados al Fondo de Tierras.
· Promover un Plan de choque que acelere los procedimientos agrarios del barrido predial para alcanzar los 3 millones de hectáreas con los que se pretende dotar el Fondo de Tierras, al que se refiere el Punto 1 del Acuerdo de Paz.
· Demandar la construcción participativa y reglamentación del Plan de Formalización masiva que debe realizar el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cumplimiento del Decreto Ley 902 de 2017.
· Impulsar iniciativas que coadyuven a la sustitución de ingresos derivados de la hoja de coca en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
· Monitorear la eficacia en la entrega de subsidios y beneficios estatales para acceder a asistencia técnica y maquinaria agrícola, ¡los recursos para quienes trabajan la tierra y producen alimentos!.
· Incentivar el avance de iniciativas que le permitan a los y las campesinas acceder a una pensión digna.
· Fomentar la financiación y promoción de proyectos productivos sostenibles con enfoque agroecológico, que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria de los ciudadanos con proyección a los mercados internacionales.
· Hacer control político a los recursos destinados por las carteras ministeriales para ampliar la cobertura en electrificación, salud y saneamiento básico. No podemos dejar que nos sigan “abudineando” el presupuesto de la Nación.
· Apoyar propuestas encaminadas a mejorar la conectividad vial entre campo y ciudad, a través de medios de transporte alternativos como los trenes de cercanías.
· Exigir una política concreta sobre la educación en el campo: la Universidad rural debe dejar de ser un sueño y convertirse en realidad.
· La constitución, financiación e impulso de la figura de las Zonas de Reserva Campesina como una iniciativa para frenar la expansión de la frontera agropecuaria, incrementar la conservación del ambiente en zonas de alta importancia ecosistémica y promover la producción de alimentos sanos.
En la ciudad:
· Formalizar la economía informal en las ciudades mejorando sus condiciones logísticas y de comercialización, como reconocimiento de todas las formas de empleo que han surgido ante el abandono estatal.
· Incentivar la realización de mercados campesinos que acerquen a productores y consumidores, mejoren el ingreso de los campesinos y campesinas, y mejoren las condiciones de salud de los citadinos. ¡Si el sistema de salud no nos cuida, nos cuidaremos alimentándonos bien!
· Fomentar emprendimientos urbanos con financiación estatal, como mecanismo para promover la reactivación económica.
· Impulsar desde el Congreso la creación de un régimen especial para emprendimientos y pequeñas empresas urbanas.